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El combate a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) debería ser prioritario en todo el mundo. En México, la necesidad de avanzar en la erradicación de la tortura es especialmente urgente a la luz del tamaño y gravedad de la problemática en los últimos años.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura determinó en 2014 que la tortura en México es generalizada, conclusión refrendada en el informe de seguimiento de 2017 de la Relatoría.

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad (ENPOL), levantada en 2016 en la totalidad de centros penitenciarios del país. Según las respuestas, el 75.6% de las personas sufrió violencia psicológica y el 63.8% violencia física en el arresto. Al estar ante el Ministerio Público, el 49.4% fue incomunicada, el 39.4% recibió patadas o puñetazos y más del 23% recibió golpes con algún objeto, entre otros reportes de violencia. Más del 40% de las personas que se declararon culpables ante el Ministerio Público informa que lo hicieron porque fueron objeto de agresiones físicas, amenazas u otras formas de coacción.

Principales agresiones físicas y psicológicas durante la estancia en el Ministerio Público identificadas por la población privada de la libertad

Fuente: ENPOL (2016)

Datos como estos arrojan luz sobre uno de los contextos más conocidos de la tortura, pero la tortura y los TPCID se dan en una gama de entornos, desde instalaciones militares, hasta centros de reclusión, hasta en el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, por mencionar sólo algunos. Asimismo, dichos actos suelen mostrar diferentes modalidades e impactos dependiendo de factores como el género, nacionalidad, etnia y otros componentes de la identidad de las víctimas. Hasta ahora, la tortura en todos estos contextos permanece en la impunidad casi absoluta. En el Tercer Examen Periódico Universal (EPU) de México en noviembre de 2018, el Estado mexicano informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, de 2013 a 2018, se habían emitido 36 sentencias federales por tortura; esta cifra representa apenas 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación. A nivel estatal, en 2016, las fiscalías y procuradurías reportaron 3,214 denuncias de tortura y TPCID, abarcando a 3,569 víctimas, pero solamente ocho causas penales judicializadas. El número de expedientes de queja por tortura y TPCID en las comisiones estatales de derechos humanos ese año fue de 8,845.

Para revertir estos niveles de impunidad y avanzar en la erradicación de la tortura y la atención y reparación a las víctimas, un eje indispensable es la plena aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General contra la Tortura) que entró en vigor en nuestro país en junio de 2017. Esta legislación retoma diversos estándares internacionales en la materia y armoniza en todo el territorio nacional las obligaciones del Estado en materia de combate a la tortura y los TPCID.

En ese espíritu, la presente plataforma pone a disposición del público información sobre los avances y retos en la implementación de los diversos rubros de la Ley General contra la Tortura. Esperamos que estos datos sean de utilidad para las instituciones gubernamentales, academia, medios de comunicación, sociedad civil y toda persona interesada en dar seguimiento a la lucha contra la tortura en México.

1 A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, Resumen, http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf.

2 A/HRC/34/54/Add.4, 17 de febrero de 2017, párr. 21-22, http://hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeSeguimientoRelatorONUTortura2017.pdf

3 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), Principales Resultados, www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

4  Ibíd., p. 25-26.

5 Ibíd., p. 35. 

6 Ibíd., p. 36. 

7 Ibíd., p. 33.

8. Minuto 1:16, webtv.un.org/live-now/watch/mexico-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858796224001/?term=

9. Tabla de sentencias informadas en el Tercer EPU de México, disponible públicamente como solicitud de información a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, folio 0330000226918.

10. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe anual 2018, Sección III, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40077. Citando datos del INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.

11. Ibíd. Citando datos del INEGI, Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017.

12. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf.

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